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Independencia / Abdicación de Iturbide, por Magdalena Mas

México alcanzó su independencia después de una guerra de 11 años culminada por los Tratados de Córdoba, firmados por Agustín de Iturbide con Juan O’Donojú en agosto de 1821. La intensa campaña de negociación emprendida por Iturbide logró una separación pacífica de la metrópoli y encarnó en su figura un efímero liderazgo, que no sobrevivió a las disputas con quienes al principio lo habían secundado.

Tras la euforia del 27 de septiembre, cuando el Ejército Trigarante entró triunfalmente a la Ciudad de México, comenzó a ser visible la situación real de un país que nacía devastado y dividido.  Pero en los primeros días del México independiente, se celebraba el triunfo e Iturbide aparecía como caudillo indiscutible.

Se formó de manera casi simultánea a la entrada a la capital, y de acuerdo con el espíritu de los Tratados, la Suprema Junta Provisional Gubernativa que se ostentaba como un órgano resolutivo en tanto se contara con un emperador (pues estaba decidido que México sería una monarquía). Un día después fue proclamada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.

Los miembros de la Junta fueron elegidos por Iturbide de entre las más variadas clases y grupos, prácticamente con la única exclusión de quienes estaban en la insurgencia con anterioridad al Plan de Iguala. Excepto estos grupos, fueron designados para formar parte de la Junta partidarios de la dinastía Borbón, fieles acérrimos de Iturbide, criollos, aristócratas, eclesiásticos e incluso seguidores declarados del constitucionalismo.

Entre ellos estaban, por ejemplo, Juan Francisco Azcárate, miembro del ayuntamiento de la capital durante los sucesos de 1808, antecedente directo de la lucha insurgente; José María Fagoaga, miembro de la familia más rica del país y de América, el obispo Joaquín Antonio Pérez de Puebla o el inquisidor Matías de Monteagudo. Su presidente era Agustín de Iturbide, y empezó a sesionar prácticamente desde la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, pues debía resolver todos los asuntos de urgencia, en tanto hubiese un monarca y un Congreso que elaborara una constitución. Hasta contar con un documento constitucional propio, se suponía que el país seguía acogiéndose a la Constitución de Cádiz.

Se formó además la Junta de Regencia, que representaba en tanto lo hubiese, al hipotético monarca mexicano. En realidad ambas dependían en buena medida de Iturbide, quien directa o indirectamente había nombrado a todos sus miembros y las presidía. De estos órganos surgió la convocatoria a un congreso, del que formarían parte de manera obligatoria miembros del clero y del ejército, además de representantes de la ciudadanía, a razón de un diputado por cada 50 000 habitantes. Los rumores de una conspiración contra Iturbide, encabezada por antiguos insurgentes, provocaron la detención de varios de ellos, incluido Guadalupe Victoria.

El Congreso inició sus sesiones en febrero de 1822, limitado de antemano a no apartarse de lo dispuesto en Iguala y Córdoba. Los diputados del interior del país, aunque prestaron este juramento, representaban intereses regionales que se habían desarrollado por la duración y las particulares características de la Guerra de Independencia. Por otra parte, existía el sentimiento de que era este Congreso, una vez constituido como primer órgano representativo de los ciudadanos (y no Iturbide, la Junta Gubernativa o la Regencia), el que debía decidir la forma de gobierno y la constitución idónea para México.

Cabe señalar que en el horizonte político de esos años, las diputaciones provinciales instauradas desde la Constitución de Cádiz y la experiencia política y legislativa de quienes habían sido diputados a Cortes como representantes americanos en España habían instaurado un cierto ejercicio del quehacer legislativo, enmarcado en la ideología liberal (e incluso republicana), y abierto el camino hacia una república federal.

Desde ese momento, las pugnas y tensiones entre el Congreso e Iturbide fueron una constante. La situación se agravó debido a los múltiples compromisos de Iturbide con sectores que, para preservar sus intereses, requerían la supresión de las medidas centralizadoras de los Borbones. De esta manera, no se contó con la posibilidad de establecer un sistema de recaudación nacional que pudiera sostener económicamente al nuevo gobierno. Por último, los sectores que habían luchado por años en el ejército insurgente se sentían injustamente excluidos, utilizados por la habilidad y la buena fe que siempre protestó Iturbide ante la causa independiente, cuando no injustamente perseguidos y encarcelados, como Victoria o fray Servando Teresa de Mier.

Poco después de que se estableciera el Congreso, llegaron las noticias de que España no aceptaba los Tratados de Córdoba. Esto desalentó a los “borbonistas” que esperaban seguir contando con un monarca español, pero alimentó las esperanzas, tanto de los republicanos, como de los partidarios de Iturbide, que vieron abierta la posibilidad de coronarlo.

Así, el 18 de mayo de 1822, se manifestaron con el Regimiento de Celaya, proclamándolo emperador. El Congreso se vio forzado a aprobar esta medida el 21 de julio, en la voz de Valentín Gómez Farías. La coronación de Su Alteza Serenísima Agustín I tuvo lugar en la Catedral Metropolitana. Fue bajo el Primer Imperio Mexicano cuando el territorio nacional alcanzó la mayor extensión de su historia, pues desde enero se habían unido a México las provincias de Centroamérica, de manera que este nuevo régimen gobernó una extensión de casi cinco millones de kilómetros cuadrados, desde California, Texas y Nuevo México, hasta Costa Rica.

Pero tal vez es exagerado decir que el emperador gobernó esta vastísima extensión territorial. Además de que aún quedaba una guarnición española en San Juan de Ulúa que se resistía a abandonar el territorio, prácticamente a partir de ese momento las pugnas entre los diputados y el nuevo emperador impidieron la estabilidad y consolidación del régimen. Así, tanto el ejecutivo como el legislativo descuidaron sus funciones, ocupados en mantener una lucha constante por abrogarse y ejercer la soberanía.

El emperador no encontró otra forma para concentrar el poder en sus manos que disolver el Congreso y arrestar a varios diputados acusados de conspirar contra su persona, estableciendo una Junta Nacional Instituyente. Con estas acciones, se rompió el precario equilibrio de fuerzas gracias al cual se había logrado la independencia.

La Junta Instituyente procedió a elaborar algunas leyes, con objeto de iniciar la organización del país, incluido un proyecto de constitución, pero ya estaban dadas las condiciones para la desaparición del efímero Primer Imperio.

Salvo los iturbidistas declarados, todos estaban inconformes: borbonistas, republicanos, fuerzas regionales, grupos provenientes de la insurgencia que inició Hidalgo, logias masónicas… El país se convirtió en un hervidero de conspiraciones en contra del gobierno, que consiguió sofocar la revuelta iniciada por Felipe de la Garza, pero ya no logró contener las demás, que se sucedieron rápidamente.

En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna destituido del mando político y militar en Veracruz lanzó el Plan del mismo nombre, desconociendo al emperador, exigiendo la formación de un nuevo congreso y un gobierno republicano. Estas exigencias se basaban en que el Congreso era el único órgano que detentaba la soberanía del pueblo, así como que el anterior había sido disuelto bajo violencia y coacciones, violencia que también había sido empleada para que Agustín subiera al trono, por lo que no se consideraba gobernante legítimo.

Pero tenía algunas cosas en común con el Plan de Iguala: prometía respetar cargos y empleos de quienes se adhirieran al movimiento, y propugnaba la unión entre europeos y americanos. Además de Santa Anna, el Plan también fue firmado por Guadalupe Victoria, apoyado por Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.

El general José Antonio Echávarri, enviado para sofocar la insurrección, siguiendo el ejemplo del propio Iturbide se unió a aquellos a quienes debía perseguir y lanzó en febrero de 1823, a menos de dos años de Iguala, el Plan de Casa Mata. Se dijo que Echávarri estaba, en realidad, manejado por hombres de tendencia liberal y de experiencia legislativa, como Mariano Michelena y Miguel Ramos Arizpe. Lo que sí perfilaba con toda claridad era no sólo la necesidad de convocar a un nuevo Congreso, sino que fueran las provincias las que sancionaran la permanencia de los miembros del anterior que se habían comportado con dignidad, así como la sustitución de aquellos que se habían plegado sin objeciones a los designios de Iturbide. Reivindicaba así para las provincias una serie de atribuciones que impidieran su sumisión al gobierno central. El terreno estaba abonado para inaugurar el federalismo mexicano, también para la sucesión de planes, pronunciamientos y asonadas que sembraron el siglo XIX mexicano de discordias civiles, desgobierno y confusión.

El ejército debía ser mantenido como un cuerpo fuerte capaz de enfrentar los abusos de los diferentes grupos de poder. Al mismo tiempo, esto lo convertía en una corporación cada vez más consciente de que podía tener el destino y la gobernabilidad del país en sus manos, sumarse a cualquier grupo de descontentos, alzarlo o derribarlo del poder.

La historia se repetía. El Plan de Casa Mata fue enviado a las 13 Diputaciones Provinciales y a los jefes militares, que de inmediato se adhirieron. Agustín I restituyó el congreso constituyente, pero ya la rebeldía había minado su poder: el ejército antes Trigarante y ahora denominado Libertador, cercó la capital. Ante el congreso reinstaurado, Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823.

El órgano de representación nacional esta vez hizo uso de sus poderes para instituir un Supremo Poder Ejecutivo bajo la forma de un triunvirato, en el que se turnaron Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, con Michelena y Miguel Domínguez como suplentes. Pero además declaró nula la abdicación de Agustín I puesto que éste nunca había sido monarca de manera legítima (es decir, más bien declaró ilegal su proclamación como emperador) y el congreso reasumió sus funciones, basado en su carácter representativo, en el que fundaba la soberanía de la nación.

Sus declaraciones fueron solemnes: se comparó con el senado romano en tiempos de Tiberio; se habló también de una nación inexperta y engañada, que había logrado su independencia pero había errado el camino hacia su libertad; se manejó el papel de sectores urbanos pauperizados como peleles de las diversas facciones, siempre dispuestos a amenazar y alterar el orden, embaucados o pagados por el mejor postor.

Se declaraba que, habiendo hecho la nación la independencia por sí, no podía atribuirse este mérito a un hombre, ni mucho menos delegar en él el derecho a elegir la forma de gobierno más conveniente. Hay que señalar por último que en este periodo, la experiencia política, la oratoria y las dotes de convencimiento de hombres como Fray Servando o Gómez Farías, tuvieron gran importancia frente a la escasa habilidad que Iturbide demostró para mantener unidos a aquellos sectores que lo habían apoyado. Probablemente sobreestimó ese apoyo, pensando que se dirigía a su persona, y no a la posibilidad que ésta les ofreció en su momento para atajar el camino hacia fines particulares y divergentes.

Se desconoció así a Iturbide, fueron anulados el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba para que pudiera adoptarse la forma de gobierno que más conviniera al país. Con su abdicación, Iturbide dejó el camino libre a las cada vez más fuertes diputaciones provinciales. Se exigió su salida del país, lo que se verificó el 29 de marzo, cuando debió partir rumbo a Veracruz y de ahí al exilio. El ex emperador y su comitiva fueron escoltados por el general Nicolás Bravo al mando de 500 hombres. La escolta se componía de elementos del Ejército Libertador y por soldados fieles a Iturbide, que chocaron varias veces. Finalmente, en lugar de llegar a Veracruz, arribaron a la Antigua, pues el puerto permanecía en cuarentena debido a la fiebre amarilla. El 11 de mayo, el grupo de 28 personas compuesto por Iturbide, su esposa y sus ocho hijos, además de otros familiares y sirvientes, se embarcó en el buque Rawlins, perteneciente a la Compañía Alemana de las Indias.

Después de 83 días de viaje, llegaron el 2 de agosto al puerto italiano de Liorna. Vivirían después en Londres. Hasta que Iturbide, sin saber que el congreso lo había declarado traidor y decretado su fusilamiento, trató de regresar a México y desembarcó en Soto la Marina, para ser fusilado en Padilla, inaugurando así la desgraciada suerte de los dos monarcas que trataron de reinar en nuestro país después de la independencia.

De esta forma, los poderes civil y militar de las provincias desafiaron abiertamente el poder central para erigirse como estados libres y soberanos. Centroamérica se separó de México en julio de 1823. Varias provincias, particularmente nueva Galicia y Zacatecas, convocaron a sus propios congresos provinciales e incluso redactaron sus constituciones. El frágil pacto nacional iniciado en Iguala se había roto.

 
Sigue la Gira 200 años de ser orgullosamente mexicanos, en México D.F. del 16 al 22 de diciembre en el Parque Bicentenario Azcapotzalco ( 19 y 20:30 hrs. ) * * * 21 de diciembre de 1809. Conspiración de Valladolid