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Revolución / 1938, año de la expropiación, por Roberto Espinosa de los Monteros

Desde los comienzos del siglo xx, la industria petrolera en nuestro país estuvo dominada por compañías norteamericanas e inglesas, las cuales abastecían de combustible a las economías industriales de sus países. Asimismo, estas compañías eran subsidiarias de otras que operaban a escala mundial. El primer lugar, por sus inversiones y por su producción, lo ocupaba la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell; el segundo lugar, la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la Standard Oil Company de Nueva Jersey, y el tercer lugar, la Sinclair. Entre estas tres produjeron casi 90% del petróleo extraído entre 1901 y 1938.

La ciudad de Tampico fue el centro geográfico en los comienzos de la explotación petrolera. En las inmediaciones de la ciudad se realizaron las primeras perforaciones a gran escala y las empresas asentaron su poder. La fuerza de trabajo era integrada por 50 000 personas, seleccionadas claramente en dos tipos de obreros. Los de oficio constituyeron un grupo reducido que desarrollaba los trabajos más complejos y fundamentales, y estaba integrado por inmigrantes norteamericanos o ex ferrocarrileros y ex mineros mexicanos. La segunda categoría la integraba los peones, campesinos que formaron un enorme ejército de brazos en la industria, a los que se capacitaba con rapidez.

La división del trabajo en la industria petrolera modificó significativamente las relaciones tanto de los campesinos, como del proletariado migrante, integrado por trabajadores de otras ramas industriales que adoptaron nuevas disciplinas y hábitos laborales, dando paso a una nueva cultura, con horarios, tiempos, ritmos y jerarquías novedosas.

A la par de estas nuevas relaciones de producción, los trabajadores sintieron la necesidad de organizarse, debido en gran parte al maltrato de los capataces y a la desigualdad del pago con respecto a los extranjeros. Los que osaron levantar la voz fueron despedidos, amenazados o, en algunas ocasiones, desaparecidos físicamente.

A pesar de que el derecho a la huelga y la jornada laboral de ocho horas estaban plasmados en la Constitución de 1917, la debilidad de los obreros y del gobierno, aunada a la fuerza de las compañías, impidió el cumplimiento de estos preceptos.

Durante la década de los veinte, la crisis económica mundial golpeó fuertemente a la industria. El despido masivo de trabajadores provocó la intensificación del trabajo, y por ende, la prolongación de la jornada. Esta situación fue aceptada por la necesidad de trabajar, ante el temor de engrosar las filas de desempleados, lo que trajo consigo la disminución de la lucha en el bienio 1921-1922.

Testimonios señalan la continua queja por los accidentes de trabajo: quemaduras en las manos a los laboratoristas, la inhalación de gases que permanecían en los tanques y que afectaban a los limpiadores, o a los de embarques, que se mojaban inevitablemente con la gasolina y que afectaba sus pulmones, en fin, hemorragias, heridas, quemaduras y trastornos respiratorios eran riesgos diarios.

La protesta no tardó en llegar. En febrero de 1924 los trabajadores del sindicato “El Águila” de Tampico, ante la negativa de las compañías por atender al pliego petitorio que contenía 40 demandas, emplazaron a huelga. Las negociaciones entre ambas partes se entablaron en marzo, sin que la compañía reconociera al sindicato, el aumento salarial, ni mucho menos, la mediación gubernamental. Ante esto, la huelga estalló, por lo que los petroleros reanudaron las negociaciones ante la suspensión de actividades en la refinería, y a petición del sindicato, la Confederación Regional Obrera de México (crom) medió en el conflicto.

Un respiro llegó a los trabajadores, ya que el sindicato fue reconocido, se obtuvo la indemnización de tres meses de sueldo para los trabajadores despedidos sin justificación y la remuneración igual para trabajos iguales, no importando la nacionalidad, con lo que el movimiento sindical se expandió a otras refinerías, generalizándose en el norte de Veracruz en 1924. A finales de este año, fueron reconocidos 33 sindicatos tanto por las compañías como por la Junta Central de Conciliación y Arbitraje de Veracruz.

Pero en realidad, varios sindicatos fueron reprimidos por las fuerzas federales, y los trabajadores nuevamente intimidados. Los sindicatos blancos contrarrestaron las demandas de mejores condiciones de trabajo e incrementos salariales, por lo que recibieron subsidios y beneficios. Esta represión disminuyó la actividad sindical hasta hacerla casi desaparecer.

En la década de los treinta, la situación se mantenía. Cada compañía que operaba en México tenía su contrato de trabajo con sus empleados y obreros, lo que originaba amplias diferencias de salarios y prestaciones sociales. Fue en noviembre de 1936 cuando se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (stprm). Esta asociación exigió a todas las compañías un contrato colectivo de trabajo similar, con la finalidad de que pagaran salarios parecidos a sus trabajadores y se dieran las mismas prestaciones de carácter social.

Este escenario tensó la relación entre las empresas y el naciente sindicato, por lo que el gobierno federal tuvo que intervenir como mediador en el conflicto, lográndose la realización de una convención obrero-patronal en donde se discutieron las demandas en pláticas que se prolongaron de finales de 1936 a los primeros meses de 1937. Sin llegar a acuerdo alguno, los trabajadores declararon el 29 de mayo de 1937 una huelga general a todas las empresas que explotaban petróleo, la que originó un duro golpe a la economía del país.

Este grave situación provocó que la Confederación de Trabajadores de México pidiera a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el litigio entre el stprm y las empresas fuera declarado “conflicto de orden económico”. La Junta designó tres peritos: Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda; Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía Nacional, y Jesús Silva Herzog, consejero del secretario de Hacienda, para que presentaran un informe del estado financiero de las empresas y un dictamen conteniendo su parecer sobre cómo resolver el conflicto.

Silva Herzog comenta del grave problema que tenían los peritos en las manos, pues al contar con tan sólo 40 días para presentar el informe y el dictamen, no se tenía en consideración que no se trataba de una fábrica o una empresa, sino de toda una industria de tal magnitud como la petrolera. Este plazo era insuficiente y difícil de realizar, por lo que se contó con la ayuda de un centenar de personas: geólogos, ingenieros petroleros, economistas, mecanógrafas: “Se trabajó intensamente durante esos cuarenta días, y en algunos casos, de las 8 de la mañana a la 1 de la mañana del siguiente día”, sintiéndose la enorme responsabilidad que pesaba en sus hombros.

El análisis que emprendió el peritaje fue a todas luces interesante. Señala el mismo Silva Herzog que la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila vendía sus productos a una empresa en Canadá, también llamada El Águila, a precios por debajo del mercado; cuenta que el precio del barril en Nueva York, en 1936, era en promedio de $ 3.19 dólares, y que lo entregaba a su filial en $ 1.96 dólares, con el único fin “de ocultar aquí las utilidades para reducir el pago del Impuesto Sobre la Renta, y trasladar parte de la contribución sobre utilidades a otro país”.

Entregado el 5 de agosto de 1937, el documento sostenía que las principales empresas petroleras que operaban en México formaban parte de grandes unidades económicas que no habían aportado su cooperación al progreso social de la nación. Este informe fue analizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual emitió el 18 de diciembre de 1937 el fallo en favor del peritaje realizado y ordenó a las compañías petroleras que aumentaran salarios y prestaciones por un total de 26 millones de pesos.

Ante este escenario, las empresas se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en demanda de la rectificación del laudo de la Junta. La Suprema Corte estudió el caso y el 1º de marzo de 1938 confirmó el fallo de la autoridad laboral. En represalia, las compañías petroleras detuvieron las exploraciones y las perforaciones, y retiraron sus fondos bancarios como muestra de no querer acatar las disposiciones legales.

Silva Herzog fue comisionado para ir a Washington a poner al tanto al embajador Castillo Nájera. En la entrevista que sostuvieron el 1° de marzo, analizaron el difícil estado de cosas, Silva Herzog temía una intervención, lo que creía que podía arreglar el embajador, pero cuando Silva Herzog nombró la expropiación, el embajador sentenció: “¡Si hay expropiación, hay cañonazos!”.

Así, no quedó más remedio para el gobierno de Lázaro Cárdenas que dar un paso decisivo ante estos acontecimientos. El 18 de marzo de 1938 se decretó la expropiación, “por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad” de las empresas petroleras.

Ese día, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, difundió el siguiente mensaje: “[...] pido a la Nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable [...]”

En los días siguientes, cien mil manifestantes acudieron a solidarizarse con el gobierno cardenista. El 12 de abril, un grupos de mujeres se manifestó frente al Palacio de las Bellas Artes y entregó desde joyas hasta otros objetos de menor valor, e incluso en las iglesias y parroquias se realizaron colectas para el pago de la deuda petrolera.

Pero la parte medular del abastecimiento del combustible al país se complicó, puesto que el 19 de marzo, los técnicos, directivos, barcos-tanque habían salido del país, entonces, ¿cómo abastecer a toda la República? El gobierno de Cárdenas compró un viejo barco cubano con capacidad para seis mil barriles que fue nombrado Cuauhtémoc, y se trajo a México el barco San Ricardo que se encontraba en reparación en Alabama, y al que se bautizó como 18 de Marzo. Los carros-tanque trabajaron incansablemente para llevar el combustible a lo largo y ancho del país, gracias también a la labor de los ferrocarrileros. Terminaba así una ardua lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores petroleros, pero comenzaba otra por la defensa de los recursos del subsuelo.

 
Sigue la Gira 200 años de ser orgullosamente mexicanos, en México D.F. del 16 al 22 de diciembre en el Parque Bicentenario Azcapotzalco ( 19 y 20:30 hrs. ) * * * 21 de diciembre de 1809. Conspiración de Valladolid