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Otros / Los arreglos religiosos de 1929, por Elsa Aguilar Casas

Terminada la fase armada de la Revolución mexicana vino la tarea de reorganizar y consolidar el nuevo Estado mexicano emanado del movimiento revolucionario. Lejos estaban de verse solucionados los problemas que aquejaban a la sociedad. Apenas unos años después de concluida la lucha generalizada, el país se vería de nuevo envuelto en las llamas de la violencia. ¿Cuál era la causa en esta ocasión?: la religión, la fe de millones de personas, Cristo.

En 1923 comenzó la construcción de un enorme monumento dedicado a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, Guanajuato, uno de los hechos relevantes que fueron trazando ese episodio conocido como la Guerra Cristera o la Cristiada. En ese momento de gran algarabía entre los fervientes católicos asistentes a tan importante evento, nadie imaginaba que el júbilo reinante se convertiría poco después en una tragedia para millones de personas durante tres largos y sangrientos años.

Para contextualizar, es preciso recordar que los problemas entre la Iglesia católica y el Estado mexicano no surgieron de la noche a la mañana; éstos venían de tiempo atrás, desde mediados del siglo XIX, cuando leyes como la de nacionalización de los bienes del clero tocaron directamente los intereses de la Iglesia. Más tarde, en 1917, cuando se promulgó la Constitución, el clero se manifestó abiertamente en contra de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130. Luego, durante la presidencia del general Álvaro Obregón, las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno llegaron a un punto de franca tensión, pero jamás al enfrentamiento directo. En ese tenor, la Iglesia apoyó la creación de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), cuyos militantes se mostraron poco afectos al régimen obregonista.

El conflicto se agravó con la llegada del general Plutarco Elías Calles a la presidencia. En 1925 la relación entre Iglesia y Estado estaba ya en una fase crítica. Aunque todavía se podía conversar, el clero no dejaba de juzgar a la Constitución de 1917 de intransigente y rechazaba de forma tajante los artículos 3º y 130, referentes a que la educación debía ser laica y ajena a cualquier tipo de doctrina religiosa, y a la separación del Estado y la Iglesia, respectivamente. En ese ambiente, la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, auspiciada por la CROM, representó un duro golpe y, más aún, una grave ofensa, pues desconocía la autoridad del Papa y de Roma. En contraparte, se creó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), cuyo nombre es claro en cuanto a sus objetivos. La situación se encontraba, pues, en un momento sumamente delicado, porque la actitud del clero estaba a punto de llegar al límite de lo razonable, según el gobierno.

Llegó el año 1926, y con ello el conflicto total. El 4 de febrero fue publicada en la prensa la siguiente declaración del arzobispo José Mora y del Río: “la protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme”; con ello hacía alusión a los artículos constitucionales 3°, 5°, 27 y 130. Aunque el arzobispo explicó que se trataba de antiguos comentarios, ya era demasiado tarde: el presidente perdió la calma y ordenó la aplicación de las leyes al pie de la letra, sin excepciones: “No estoy dispuesto a tolerarlo. Ya que los curas se ponen en ese plan, hay que aplicar la ley como está”, ordenó el presidente Calles.

Se giró la orden a todos los estados de acatar y hacer acatar el artículo 130 y así se hizo. En estricto apego a la ley, comenzó la expulsión de sacerdotes extranjeros y la clausura de escuelas, provocando de forma inmediata motines y choques de los católicos con las autoridades. El 2 de julio de 1926 se publicó la Ley Calles, con reformas al Código Penal, incluyendo en él los delitos relativos a la enseñanza confesional y cultos. Como respuesta la gente de la Liga, mediante un eficaz boicot económico,  dio las primeras muestras de su determinación para defenderse de lo que para ellos significaba una agresión. Para la jerarquía católica no había más posibilidad de diálogo y, ante la posición del presidente, sólo había dos opciones: sujetarse a la ley o esperar la reacción popular y atenerse a las consecuencias. Por su parte, con el cierre de los templos, el gobierno preveía la deserción de muchos fieles y afirmaba estar plenamente preparado para hacer frente a un conflicto armado. Evidentemente ninguna de las dos instancias imaginaba lo que estaba a punto de desencadenarse.

A las 12 de la noche del 31 de julio de 1926, entró en vigor la Ley Calles. El estupor era generalizado, por el momento a los fieles no les quedaba más que apagar las luces y cerrar las puertas de sus templos tras de sí, pues a partir de ese momento quedaba prohibida la práctica de cultos. No sabían qué iba a pasar; lo único claro para los católicos era que se les prohibía practicar su fe, ir a misa, estar en su santuario. Había que resguardar sus objetos sagrados para protegerlos y esperar.

Apenas se encendió la mecha el fuego corrió. Los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes fueron el escenario principal de la Guerra Cristera, un enfrentamiento feroz entre católicos, los que implementaron una efectiva guerra de guerrillas, y el ejército federal que, con todo y la modernización implementada por el general Joaquín Amaro, pasó serias dificultades para entrar a algunas regiones.

Visto que aquello era un sacrificio humano cuyo control parecía ya imposible, el presidente permitió la práctica del culto en casas particulares, pero eso no bastaba, los fieles querían sus templos abiertos. En ese contexto, en que ninguno de los dos bandos cedía lo necesario para poner fin al conflicto, el general Obregón intercedió en busca de una solución. En octubre de 1927 comenzaron las negociaciones entre el presidente Calles y un sacerdote norteamericano de apellido Burke, a quien se otorgaron amplias facultades para negociar por parte de los católicos. Tras una reunión en San Juan de Ulúa, Veracruz, se redactaron los arreglos; sin embargo, no se firmaron sino hasta más de un año después. El asesinato del general Obregón a manos de un militante religioso complicó la conclusión de los acuerdos; además, si bien ya se había negociado el fin de la lucha, los católicos proseguirían con la guerra mientras no se abrieran sus parroquias.

Y en efecto, la guerra continuó. Los cristeros se contaban por miles y miles de hombres perfectamente conocedores de sus tierras; sabían, por tanto, dónde andar y cómo burlar al ejército. De agosto de 1928 a febrero de 1929 la lucha no tuvo tregua y se extendió hacia otras regiones del país, con la participación de jóvenes, mujeres y hombres, luchadores convencidos de los “derechos legítimos” de la Iglesia.

Fue hasta el 21 de junio de 1929 cuando, tanto la Iglesia como el gobierno, deseosos, de alcanzar la paz, firmaron por fin los arreglos y se declararon suspendidas las hostilidades en todo el territorio. Ya para entonces había concluido el gobierno del general Calles y, tras la muerte de Obregón, Emilio Portes Gil fue designado presidente interino de la República.

Terminadas las negociaciones, el presidente Portes Gil dio a conocer la posición del gobierno al declarar: “no es el ánimo de la Constitución, ni de las leyes, ni del Gobierno de la Repú­blica, destruir la identidad de la Iglesia católica, ni de ninguna otra, ni intervenir en manera alguna en sus funciones espirituales, […] mi propósito ha sido en todo tiempo cumplir honestamente con esa protesta y vigilar que las leyes sean aplicadas sin tendencia secta­rista y sin prejuicio alguno”. Por su parte, los jerarcas católicos, al dar a conocer sus reuniones de “respeto y buena voluntad” con el presidente, afirmaron: “como consecuencia de declaraciones hechas por el C. Presidente, el clero mexicano re­anudará los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes.”

El mes de agosto se llevó a cabo el licenciamiento organizado durante todo el mes de julio. Muchos de los combatientes no daban crédito a la noticia y se resistían a entregar sus armas; a otros los embargaba la felicidad al saber que ya podían asistir libremente a oír misa y gritar libremente ¡viva Cristo Rey! y, en suma, que eran libres de practicar su religión.

Poco a poco la vida fue tomando su curso. Los sobrevivientes, tan pobres como antes, volvían a sus casas —si es que había quedado algo de ellas— a tratar de reacomodar su vida. Ahora, aunque la Iglesia y el Estado se habían arreglado, a ellos les tocaba el difícil reto de afrontar los odios locales aún imperantes. Muchos cristeros fueron perseguidos, miles emigraron a Estados Unidos, otros engrosaron las huestes de nuevas organizaciones católicas.

Durante tres largos años la Guerra Cristera arrasó con miles de vidas, dejó al campo en condiciones deplorables y afectó severamente la economía nacional y la imagen de México. Los arreglos religiosos de 1929 pusieron fin a ese conflicto que lastimó profundamente a México, no bien recién había salido de la Revolución.
 
Sigue la Gira 200 años de ser orgullosamente mexicanos, en México D.F. del 16 al 22 de diciembre en el Parque Bicentenario Azcapotzalco ( 19 y 20:30 hrs. ) * * * 21 de diciembre de 1809. Conspiración de Valladolid