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Otros / ¿Igualdad ante la muerte?, por David Guerrero Flores

Se viaja y se viaja, pero se acaba por volver a casa.
Se vive y se vive, pero se acaba por volver a la tierra.

La conciencia ante la muerte distingue a los seres humanos desde el principio de los tiempos. En la sociedad novohispana, las instituciones religiosas fueron las encargadas de ofrecer consuelo espiritual a los moribundos, amén de administrar los últimos sacramentos y custodiar la sepultura de los buenos cristianos y de los malos. El control que ejerció la Iglesia católica sobre los principales acontecimientos de la vida de las personas, a saber, el nacimiento, el matrimonio y la muerte, experimentó un punto de quiebre a finales del siglo XVII, seguido de un capítulo definitorio durante la segunda mitad del XIX, con motivo de la separación Iglesia-Estado y la promulgación de las Leyes de Reforma.

Cabe mencionar que, en la cultura cristiana, el cuerpo era un elemento indispensable para la resurrección. Tanto más, según las creencias de la época, si los restos eran conservados en el perímetro de una tierra santificada y bendita, como garantía de bienaventuranza. Y aunque el mensaje cristiano sólo distingue a los creyentes de los que no lo son, colocando a los fieles en un plano de igualdad ante los ojos de Dios, la sociedad terrena, caracterizada por las estratificaciones corporativas y de clase, instituyó la diferenciación tajante y clara en el tipo de entierros y en sus rituales.

Por principio, los religiosos de todas las órdenes tenían el derecho a ser sepultados con solemnidad y decoro en el interior de sus iglesias y edificios conventuales. En tanto, los obispos, arzobispos y cardenales contaban con un lugar asegurado en las catedrales de su jurisdicción. A su vez, los feligreses que integraban las elites, dueños de propiedades y apellidos de abolengo, determinaban por testamento su voluntad para ser enterrados en una iglesia determinada, previniendo lo necesario para el pago de sus funerales, además del correspondiente a misas, plegarias y oraciones sobradas, a fin de garantizar la salvación de su alma.

De iglesia a iglesia había preferencias para los entierros, dependiendo del renombre y de la devoción por sus santos. La Catedral ocupaba el primer lugar; después, las iglesias de los conventos, y al final, los templos de las parroquias. Dentro del espacio físico de cada iglesia había lugares preferentes. El presbiterio representaba el área más codiciada para el entierro de los cuerpos, dada su cercanía con el altar mayor. A éste le seguía el espacio de las capillas y luego el coro. Mucho más amplio era el camposanto o atrio de la iglesia, donde reposaban los cuerpos en tierra bendita. Según la importancia del lugar, se incrementaba el monto que el fiel o los deudos debían pagar, tanto más si el interesado se encontraba en la última hora.

Había también dos categorías funerarias con implicaciones éticas y de distribución física. Una se refiere al cementerio común para los pobres, por lo general descuidado, que exigía un cobro por la roturación de tierra, pero estaba desprovisto de liturgia y exequias a la manera de los pudientes. Los pobres no tenían un registro decoroso sobre su nombre y fecha de muerte. Más aún, los restos de los descalzos no quedaban a perpetuidad, ya que, transcurridos cinco años o menos, eran removidos para la apertura de nuevas fosas.

Peor aún estaban los entierros de los excluidos. En un terreno marginal del cementerio, desprovisto de bendición, eran enterrados los niños sin bautizar, los excomulgados, los apóstatas, los asesinos, los suicidas y los alcohólicos. El entierro en cementerio no bendito tenía un carácter infamante, sin mérito para la conservación de su memoria. Con ellos no había rezos ni plegarias, porque estaban excluidos de la comunidad de los buenos cristianos.

El aumento de la población, la migración a las ciudades y el cambio de la situación política después de la Independencia de México propiciaron una transformación en cuanto al manejo y cobro arancelario de los cementerios y camposantos. A lo largo de cuatro décadas, el naciente Estado mexicano trató de justificar la traslación del Real Patronato a la nueva entidad nacional, hecho que las autoridades eclesiásticas se encargaron de combatir con tesón, afirmando la autoridad y total autonomía del poder espiritual de la Iglesia católica, con sus fueros, propiedades y potestades.

La necesidad creciente de atender al entierro de los pobres, unido a los discursos de médicos e higienistas en torno a la insalubridad que representaban los sepulcros en los atrios y en el interior de los templos, pero sobre todo la insubordinación abierta y beligerante de la jerarquía católica, instaron a los políticos liberales de la generación de Benito Juárez a combatir con las armas a los conservadores que defendían los privilegios de la Iglesia, así como a promulgar leyes que secularizaban los asuntos del estado civil, como el nacimiento, el matrimonio y la muerte.

La Ley sobre el cobro de derechos y obvenciones parroquiales del 11 de abril de 1857, conocida como Ley Iglesias, anuló las medidas para exigir el pago de servicios por misas, bautizos, comuniones, matrimonios, extremaunción e inhumaciones, lo cual representó un alivio para los pobres que obtuvieron el derecho a recibir los servicios religiosos de forma gratuita al declarar su insolvencia.

El 30 de enero de 1857, el presidente Ignacio Comonfort emitió la Ley para el establecimiento y uso de cementerios, que dictaba las disposiciones generales para la presentación de nuevos proyectos de cementerios, en consonancia con la dignidad e higiene que debía reinar en esos lugares. Más aún, prohibía en absoluto, “las inhumaciones en los templos, ermitas, capillas, santuarios y lugares cerrados, o en cualquier otro, dentro del recinto de los pueblos y fuera de los cementerios”. De forma complementaria, la Ley de secularización de cementerios del 31 de julio de 1859, emitida por el presidente Benito Juárez, definió la materia. El artículo primero declara:

Cesa en toda la República la intervención que en la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como regular. Todos los lugares que sirven actualmente para dar sepultura, aun las bóvedas de las iglesias catedrales y de los monasterios de señoras, quedan bajo la inmediata inspección de la autoridad civil, sin el conocimiento de cuyos funcionarios respectivos no se podrá hacer ninguna inhumación. Se renueva la prohibición de enterrar cadáveres en los templos.

Ambas leyes delegaban en la autoridad civil la administración de los recursos, aranceles y espacios físicos, así como el ejercicio de procedimientos para la obtención de noticias y la elaboración de actas sobre defunciones, inhumaciones, exhumaciones, manejo de cadáveres y traslado de restos mortales. Con ello se excluía al clero de un ámbito que había sido de su entera competencia durante largo tiempo.

Las disposiciones referentes al establecimiento de nuevos campos mortuorios estaban inspiradas en los discursos médicos higienistas de la época, de manera que proyectaban la creación de espacios planificados, provistos de muros, accesos, cercas, calles, avenidas, arboledas, capillas, secciones para niños y para adultos, además de las áreas destinadas a la fosa común, los nichos y los osarios, todo en prevención de la higiene, así como del decoro y la dignidad que el reposo de los muertos merecían y que los familiares y deudos necesitaban para visitar el sepulcro de sus familiares extintos.

Puede afirmarse que la secularización representó un cambio cultural en las prácticas funerarias. Los frailes, las monjas y los ricos tuvieron que abandonar la práctica de los entierros dentro de los conventos y las iglesias. Los pobres ganaron el derecho de una sepultura propia y el individualismo que venía cristalizando desde los tiempos de la Ilustración encontró un nuevo repositorio en la confección de lápidas y tumbas individuales, así como en el esmero por la edificación y la belleza arquitectónica de mausoleos y criptas familiares.

Como todo movimiento perdurable, su afirmación fue lenta. El establecimiento de cementerios civiles demoró varias décadas y su regulación por parte de las autoridades civiles se implantó con mayor velocidad en las ciudades que en las desperdigadas poblaciones rurales. Por otra parte, los rituales y las formas de la piedad popular se mantuvieron fuertemente anclados en la religión católica, con el sincretismo que caracteriza a las diferentes regiones de nuestro país, combinando tradiciones hispánicas con ritos africanos y precolombinos. Baste recordar la singularidad de los velorios en los pueblos y en los barrios, o la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre.

En nuestros días, los espacios funerarios se han transformado notablemente. Si bien la gestión funeraria permanece dentro de la esfera del estado civil, un abanico de múltiples y contrastantes situaciones reportan cambios en la cultura funeraria. Por citar ejemplos, los panteones que antaño se encontraban en las cercanías de los pueblos, ahora yacen rodeados de áreas habitacionales y de comercio, generando una singular convivencia entre los vivos y los muertos, que pende entre la nostalgia y la indiferencia. Por otra parte, desde hace tres o cuatro décadas proliferaron los panteones o “jardines” alentados por la iniciativa privada, que ofrecen sus lotes y criptas familiares por módicas mensualidades, con la comodidad que brinda la planeación del reposo en el más allá. De forma paralela, la cremación de los cuerpos y su depósito en urnas de tamaño regular ha ganado adeptos frente a la saturación de los extensos panteones civiles. Miles de templos católicos han descubierto el pingüe negocio de habilitar capillas con nichos para depositar las cenizas de los difuntos.

Un proverbio afirma que de la muerte no escapa ni el rico, ni el rey ni el papa y tampoco el que no tiene capa. La muerte parecería la experiencia más igualitaria, porque a todos nos llega, incluido el más viejo. Sin embargo, no todos morimos igual, aunque el final sea el mismo. Quizá la diferencia trascendente y sustancial resida en la memoria y en el vestigio de nuestros actos. El elefante muerto dejó sus colmillos, el tigre su piel y nosotros el nombre.

 
Sigue la Gira 200 años de ser orgullosamente mexicanos, en México D.F. del 16 al 22 de diciembre en el Parque Bicentenario Azcapotzalco ( 19 y 20:30 hrs. ) * * * 21 de diciembre de 1809. Conspiración de Valladolid