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Revolución / Venustiano Carranza y su visión sobre la cuestión agraria, por Edgar D. Rojano García

El 26 de noviembre de 1914, Venustiano Carranza, investido como primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, instaló su gobierno en el edificio de Faros de la ciudad de Veracruz. El arribo de Carranza al histórico puerto jarocho marcó la ruptura definitiva con la Convención revolucionaria que, en un primer momento, se declaró soberana para después designar a un nuevo presidente de la República, cargo que recayó en Eulalio Gutiérrez.

Las tropas de la Convención, encabezadas por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, ocuparon la Ciudad de México y se trasladaron a Palacio Nacional para dejar constancia de quién gobernaba el país. Pero Carranza no se quedó atrás y empezó a tomar medidas para fortalecer su administración, la más importante, organizar una comisión especial de estudios legislativos que se encargaría de emitir una serie de medidas encaminadas a satisfacer "según su parecer" las necesidades económicas, sociales y políticas que reclamaba la nación; de esta manera, se expidió una serie de decretos sobre el municipio libre, las relaciones familiares (referente al matrimonio y al divorcio) y una ley agraria fechada el 6 de enero de 1915.

Entre estas medidas dictadas por el Primer Jefe destacaba la referente a la cuestión agraria, no sólo porque era "evidentemente" una de las demandas centrales de la Revolución, sino porque era la primera vez que hacía referencia explícita al tema. Venustiano Carranza creyó fortalecer su situación militar y política enarbolando la bandera del agrarismo.

La redacción de la Ley Agraria le fue confiada a uno de sus hombres más cercanos, al licenciado Luis Cabrera, quien, como diputado a la XXVI legislatura, había presentado en diciembre de 1912 una propuesta para "la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano". Cabrera sostenía que la vida de los pueblos no se podía explicar sin la existencia de los ejidos, los cuales aseguraban la subsistencia de las comunidades y eran "la tranquilidad de las familias alrededor de la iglesia". Dicha postura en defensa de las tierras de los campesinos le ganó, incluso, el reconocimiento de Antonio Díaz Soto y Gama, destacado intelectual zapatista, quien calificó su proposición como de una "admirable lucidez".

La discusión de la ley al interior del constitucionalismo fue ardua, pues Carranza tenía ciertas observaciones, principalmente sobre el carácter preconstitucional de la medida, que debían ser atendidas para dar credibilidad a su proyecto. Por ejemplo, había que contemplar las probables irregularidades e injusticias que se cometerían en el transcurso del proceso proponiendo que los propietarios de terrenos expropiados podrían ocurrir ante los Tribunales a deducir sus derechos, cuando se restableciera el orden constitucional y la administración de justicia; pero al mismo tiempo, había que evitar que tanto los revolucionarios como los terratenientes pudieran interpretar que la política agraria podría ser nulificada por los tribunales, para lo cual se puso como límite un año para presentar controversias. La cuestión del plazo también fue muy meditada porque se quería evitar que se asociara a la permanencia del Primer Jefe en el poder y a la continuación de las facultades omnímodas de que gozaba.

Salvados los anteriores puntos, se procedió a la elaboración del programa agrario carrancista, el cual empezaba por reconocer que una de las principales causas del malestar y descontento de las poblaciones agrícolas era el despojo de los terrenos comunales o de repartimiento, causado principalmente por las lagunas jurídicas del artículo 27 de la Constitución de 1857, las que eran aprovechadas por los especuladores. Esto traía como consecuencia que los campesinos, despojados de los medios indispensables para subsistir, cayeran en una especie de "esclavitud" que se ejercía por medio de la tienda de raya, las deudas hereditarias y el confinamiento al interior de la hacienda, trayendo esto, como resultado inevitable, el estado de "miseria y abyección [...] en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía".

Por lo anteriormente señalado, continuaba Cabrera, era "palpable la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres." El mismo Soto y Gama coincidía con tal idea al afirmar que: "o se le dan a esa población medios lícitos de utilizar sus energías sirviéndose de los pastos, de los montes y de las tierras de los pueblos; o de lo contrario, esa población tomará el rifle". El abogado zapatista sabía de lo que hablaba.

En consecuencia, la Ley Agraria declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías congregaciones o comunidades; se estableció que el gobierno nacional podía recurrir a la expropiación de terrenos para dotar a las comunidades que, ya sea por falta de títulos o porque sus ejidos habían sido enajenados legalmente, no se hicieran acreedoras a la restitución; se crearían, para llevar a cabo todo el proceso burocrático, una Comisión Nacional Agraria y comités particulares ejecutivos con sus similares en cada estado de la República; las solicitudes de restitución y "concesión" de tierras debían presentarse directamente ante los gobernadores, autoridades "políticas superiores" o los jefes militares; dichas autoridades podían resolver si procedía la petición de los pueblos o no, y la Comisión Nacional Agraria sería la encargada de sancionar las dotaciones expidiendo los títulos respectivos.

Asimismo, la ley dejaba abierta la posibilidad de que los "interesados que se creyeran perjudicados" presentaran su reclamación ante los tribunales respectivos dentro del plazo anteriormente señalado; por otra parte, aquellos que se inconformaran con la expropiación de sus tierras, sólo podían aspirar a que el gobierno los indemnizara, aun cuando les asistiera la razón.

La ley tenía que publicarse y ser pregonada en cada una de las plazas o lugares que fueran ocupando las fuerzas carrancistas.

Parecía que la Ley atendía con toda justicia la cuestión agraria, y que incluso, retomaba ciertos aspectos impulsados por otros grupos, como la restitución y la expropiación de tierras, propuestas por los zapatistas desde noviembre de 1911 en el Plan de Ayala; sin embargo, contenía diversas disposiciones que no podían ser compartidas por otras facciones revolucionarias. Carranza estaba convencido de que había que combatir el latifundio y favorecer la pequeña propiedad; pero dejaba en claro que al dotar de tierras a los pueblos no se trataba de ninguna manera de "revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes", sino únicamente de proporcionar elementos a los campesinos para librarse de la "servidumbre económica", de esa "esclavitud" de la que hablaba Cabrera, a la que estaban sometidos. Asimismo, establecía que la propiedad de las tierras no pertenecería al "común del pueblo", sino que habría de "quedar dividida en pleno dominio".

Después de estos argumentos, quedaba claro, por un lado, que la intención de Carranza era reparar una injusticia pero no fomentar la propiedad comunal de la tierra; pero aun más importante, que sería el Estado mexicano el que tendría la potestad sobre las tierras y no las comunidades de los pueblos.

La visión carrancista sobre cómo resolver el problema agrario chocaba evidentemente con la de los campesinos del centro del país, en especial del zapatista estado de Morelos, que precisamente se habían lanzado a la Revolución para recuperar sus ejidos y así recrear su forma de vida comunal.

Estas "inconsistencias" de la ley se debían, reconocería años después el propio Cabrera, a la redacción "precipitada e insuficiente" propia de los momentos críticos que vivía la Revolución, porque no hay que olvidar que se acercaban los días en que el general Álvaro Obregón emprendería su campaña militar en contra de las fuerzas convencionistas.

Camino a la victoria militar, los constitucionalistas sancionaron en febrero de 1917 una nueva Constitución para el país y utilizaron la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 como antecedente para la elaboración del artículo 27 referente a la tenencia de la tierra. No obstante, como sucedió en muchos aspectos de la vida nacional durante aquellos años, no se siguieron sus preceptos al pie de la letra. El mismo Carranza, ya como presidente, hizo una interpretación parcial de la ley al devolver las tierras a los hacendados; y Adolfo de la Huerta, durante su interinato en 1920, hizo concesiones a los zapatistas que finalmente llevaron a cabo el reparto agrario en Morelos bajo los postulados del Plan de Ayala.

Algunos autores, como Charles Cumberland, han afirmado que la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 se trataba más bien de un gancho para atraer la "atención popular" que de una propuesta verdadera de reivindicación agraria. Es posible. Aunque más bien habría que atender a las palabras del propio Luis Cabrera en el sentido de que se trató de una ley de "circunstancias", y de ahí lo trágico de la cuestión, porque Carranza tenía una visión muy particular de esas "circunstancias" al pensar que podía gobernar sin el México campesino. Algunos meses después de su muerte, ese mismo México campesino al que se le había negado la posibilidad de recrear su vida comunal desfilaba victorioso en la capital de la República, dejando para los festejos broncíneos la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.

 
Sigue la Gira 200 años de ser orgullosamente mexicanos, en México D.F. del 16 al 22 de diciembre en el Parque Bicentenario Azcapotzalco ( 19 y 20:30 hrs. ) * * * 21 de diciembre de 1809. Conspiración de Valladolid